El tema de la accesibilidad en los edificios en España está en punto muerto. Con la ley que se aprobó en 2013 se pensaba que la cosa cambiaría. Pero, desgraciadamente, no ha sido así. Leyes que se solapan y demasiados impedimentos. Estos son los factores por los que miles de personas no disfrutan de una calidad de vida superior. Se han redactado unas leyes que, lejos de cumplirse, tampoco se mueven para sancionar a aquellos que se las saltan.
- Qué pasa con la accesibilidad en los edificios españoles
- ¿Por qué no se promueve la accesibilidad en España?
- Las contradicciones legales respecto a la accesibilidad
- ¿Accesibilidad universal? Sanciones que no se cumplen
Qué pasa con la accesibilidad en los edificios españoles
El 4 de diciembre del 2017 era la fecha límite. Desde hacía algún tiempo se venía gestando la imposición de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ese 4 de diciembre del 2017 era el último día para que todos los edificios españoles cumplieran con las obligaciones establecidas en materia de accesibilidad.
¿Qué pasó pues? A día de hoy, casi el 80% de los edificios españoles no han eliminado sus barreras arquitectónicas. Exactamente son el 77%, y del 23% restante, únicamente el 2% cumple la normativa establecida al completo.
¿Por qué no se promueve la accesibilidad en España?
Según portavoces del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) la principal razón por la que no se cumple esta ley es la oposición de los vecinos. Muchos son los que no quieren solidarizarse con este tipo de causa. No importa denegar la accesibilidad en los edificios. ¿La razón? Estas reformas en los edificios suponen, en algunas ocasiones, grandes derramas.
A esta negativa de los vecinos de hacer frente a la cuantía de las obras se suman también las contradicciones legales. Esta Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social depende a su vez de la LPH (Ley de Propiedad Horizontal).
Las contradicciones legales respecto a la accesibilidad
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que se aprobó dictaba una serie de leyes. ¿Qué pasa pues? Pasa que esas leyes quedan supeditadas a las que se dictan en la Ley de Propiedad Horizontal.
La LPH dice que las obras referentes a la accesibilidad tienen que ser solicitadas por personas con discapacidad o mayores de 70 años que residan o trabajen en dicho edificio. Esto perjudica, pues, a las personas que tienen ese derecho y no lo piden y a los visitantes externos. Por lo tanto, si no existe petición alguna, los propietarios no están obligados a realizar ningún tipo de obra.
Por otra parte, después de la petición reglamentaria, la propuesta puede ser que tenga que ser votada. Si el importe total de la obra supera las 12 cuotas mensuales, la propuesta deberá ser votada en junta y aprobada con mayoría. Esto es, otra traba más.
¿Accesibilidad universal? Sanciones que no se cumplen
Se supone que existen sanciones que van desde los 300 euros hasta el millón. La realidad es que no se aplican. Como hemos dicho, si un vecino paga al mes, de comunidad, 100 euros, no se le podrá exigir que pague más de 1.200 euros por las obras. La derrama, en este caso, debería de ser aprobada por mayoría en una junta. Eso evita que se incumpla la ley.
Si la votación sale negativa, no habrá obligación alguna de realizar obras. A no ser, por ejemplo, que los solicitantes decidan hacerse cargo de la diferencia a pagar. Sin embargo, desde el CERMI aseguran estar luchando por hacer de esta ley una ley propia, sin supeditaciones a ninguna otra.
Desde Embassy Torrevieja apostamos por defender estas iniciativas. Sin duda, harían de nuestro país un lugar completamente accesible. La accesibilidad en los edificios es necesaria. Miles de personas en España sufren algún tipo de discapacidad. Mejorar la calidad de vida de estas personas está en nuestras manos.
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